La Justicia ordenó a Incluir Salud y al PAMI regularizar los pagos a prestadores de personas con discapacidad

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera integral a una acción de amparo colectiva presentada contra el programa Incluir Salud y el PAMI, y ordenó la regularización y continuidad de los pagos correspondientes a prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Según la sentencia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, ambos organismos deberán normalizar y mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas.

La acción judicial fue impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de la organización Defendamos Córdoba en temas vinculados a discapacidad.

El fallo fue dictado por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien cuestionó las demoras registradas en el pago de las prestaciones y advirtió sobre las consecuencias de la continuidad de esa situación.

“No puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad”, sostuvo el magistrado.

Asimismo, agregó que “perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.

En otro tramo de la resolución, el juez afirmó que “el Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley” y sostuvo que la medida judicial busca que el Ministerio de Salud cumpla de manera inmediata con la normativa vigente y cese la demora en los pagos.

“La demora injustificada constituye un acto arbitrario e ilegal contra el cual resulta procedente la acogida del amparo”, expresó.

Alcance colectivo

La resolución ratifica el alcance colectivo del amparo promovido por Lastra, por lo que sus efectos se extienden a miles de beneficiarios que atraviesan situaciones similares.

Además de proteger a las personas con discapacidad, la medida alcanza indirectamente a hogares, centros de día, instituciones especializadas y profesionales que brindan servicios y que dependen de los pagos estatales para sostener sus actividades.

El fallo destaca que la asistencia integral a las personas con discapacidad constituye una política pública y remarca la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo a las prestaciones.

“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, señala la resolución, que agrega que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud no pueden quedar limitados a una mera declaración formal.

Demoras en los pagos

La decisión judicial se produce en el marco de un conflicto originado por retrasos e irregularidades en la cadena de pagos que, según la demanda, se arrastran desde finales de 2025.

Durante el proceso, el magistrado constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de prestaciones ya brindadas por instituciones y profesionales del sector.

La sentencia ordena revertir esa situación y garantizar la continuidad de los pagos para asegurar el acceso a los servicios y la sustentabilidad de los prestadores involucrados.